BOGOTÁ EN ORDEN

¡Haremos cumplir la ley migratoria!


En estos momentos, Colombia tiene una ley migratoria diseñada para permitir la fácil circulación de inmigrantes por el territorio nacional, y debido a esto, muchas veces nos llenamos de personas que no podemos identificar pero que sí están haciendo mucho daño al país.
Por lo anterior, crearemos el sistema de identificación biometrico del migrante indocumentado. Es de vital importancia que no haya excusa para que los migrantes vinculados a la criminalidad puedan ser plenamente identificados y judicializados cuando cometan un crimen.

Para esto todos los indocumentados que sean capturados, pasarán por un proceso de registro e identificación, caso tal, que podamos tener control sobre los nuevos criminales y reincidentes, y poder aplicar a cabalidad el código penal dando duras penas a los delincuentes extranjeros..

También crearemos un grupo especial de acción compuesto por Migración Colombia, Policía Nacional, Fiscalía y Procuraduría General de la Nación que esté presto a identificar los indocumentados y que, sean expulsados inmediatamente del país.

No es posible conseguir el desarrollo de un país si sus ciudadanos están nadando en ríos de droga, ya sea como consumidores, productores, distribuidores o víctimas.
Nuestros valores nos impiden estar de acuerdo con el mercado del microtrafico porque vemos cómo cada gramo de estas sustancias está manchado de sangre de los colombianos que en algún momento de la cadena perecieron por trabajar, interponerse o entrar en ella como consumidores.

En las calles, parques, colegios y universidades, en la televisión y en la radio se quiere vender la idea de la normalización del consumo, de la regularización o la legalidad y esto es inadmisible. Está comprobado que las drogas son letales a corto, mediano y largo plazo, degenerativas y crean gigantescos problemas de comportamiento y convivencia entre los ciudadanos.
Alguien drogado, es una persona que tiene disminuída su capacidad motora, cognitiva y productiva, es una persona que se puede convertir en un ladrón que roba a sus padres, un asesino que matará buscando satisfacer sus vicios o violador en alienado de razón, es un criminal en potencia.
Debido a esto, es imprescindible que en Colombia el único estatus que se le dé a las drogas sea el de ilegal para combatirlo por completo, en todas sus versiones y bajo todas las acciones necesarias. No podemos permitir que siga degradando nuestra sociedad.
Se debe hacer cumplir la Ley de seguridad ciudadana que penaliza el porte de la dosis mínima, por más que la corte diga que no se puede penalizar. No podemos permitir más desorden en los poderes del estado. Es el constituyente primario a través de sus representantes el encargado de determinar la legislación nacional.

Nos opondremos con vehemencia a la Sentencia C-221 del 5 de mayo de 1994 y la sentencia C-491 de 2012 de la Corte Constitucional, la cual argumenta que prohibir y perseguir dosis mínimas o personales es atentar contra el “libre desarrollo de la personalidad”. Esto pone en grave riesgo a nuestro núcleo social, deradándolo a través del tiempo. Trabajaremos desde el congreso para que estás dosis no solo sean incautadas y perseguidas, sino que también tengan sanciones ejemplares para los infractores.

Diremos NO a todos aquellos proyectos que busquen legalizar cualquier tipo de droga blanda cómo el proyecto que busca legalizar el uso recreativo de cannabis propuesto por Gustavo Bolívar: “Por medio del cual se establece un marco de regulación y control del cannabis de uso adulto [Cannabis de uso adulto]”; o droga dura como el proyecto de ley que propone legalizar a nuestro mayor asesino, la cocaína, presentado por el Senador Feliciano Valencia. Contrario a estos, debemos trabajar incansablemente por alejar a nuestra población de la droga más no acercarlos.
Hay que incrementar, y forzar si es necesario, la sustitución de cultivos ilícitos. Mejorar las vías para que los campesinos puedan sacar sus productos y no tengan excusas para plantar cultivos ilegales.
De igual manera, seremos los primeros en buscar fortalecer el sistema de transporte con un grueso sistema ferroviario que conecte los extremos del país, y buscaremos implementar dinámicas de conexión directa entre campesinos y consumidores, sin intermediación de terceros mafiosos que especulan con los precios a beneficio propio.


Debemos empezar a fumigar masivamente todas las plantaciones ilegales sin contemplación alguna y darle el trato criminal correspondiente a todos quienes quieran pasar por sobre las leyes.

No podemos tolerar que día a día se pierdan vidas de soldados y policías en labores infructuosas de erradicación manual, por tal motivo la erradicación manual se debe suspender por su alta peligrosidad.

 

La droga ha demostrado ser como una erupción volcánica qué destruye todo lo que toca. Es lo más peligroso y lo que nos ha atormentado como país por más de 8 décadas, son ríos de sangre los que han corrido por la droga, ¡No seremos cómplices de este asesino que viene por todos nosotros!

No podemos aceptar que se quiera invertir la realidad. No podemos permitir que nos impongan su desorden mental.
En el mundo, las buenas cosas se han instituido gracias a tradiciones y valores, sociales y económicos, que hemos forjado a través de la experiencia.
Es esta experiencia la que nos permite ver que las ideas que representa Gustavo Petro y sus cabecillas no han funcionado en ninguna parte del mundo y no van a funcionar en Colombia. El social-comunismo encarnado en ellos es el que ha destruído familias, economías y países completos gracias a las cualidades autoritarias y de corte dictatorial que los caracterizan.

La amenaza de un país igualitario no es vista como tal, sino hasta cuando ha igualado a todos en condiciones inhumanas y de extrema pobreza.
Como la experiencia nos ha enseñado, jamás se trata de igualar a los pobres con los ricos sino que buscan que los ricos se igualen con los pobres, porque esta idea de “igualdad” es inspirada por su sentimiento de rencor con quienes se han esforzado toda la vida por construir un patrimonio y no por un sentimiento de superación, creación de riqueza o desarrollo.

De igual manera, buscan desdibujar al hombre y a la mujer que fueron designados por Dios para cumplir un papel en la sociedad. Pretenden, también, destruir nuestra cultura y nuestra fé que es un faro para el rumbo de nuestra nación. Quieren robar a los ciudadanos el libre albedrío, la autonomía y la libertad de hacer las cosas bien, linchando los pensamientos que presentan oposición a ellos, para que la gente se atemorice de estar “equivocada” y gracias esta “reprimenda social”,  corra hacia ellos buscando aprobación. Y dicen que la historia se ha equivocado, que las costumbres solo por estar alejadas de su libertinaje salvaje son cadenas que hay que romper, cuando en realidad son tersas cintas que nos soportan para no caer en la desidia y la perdición, son vendajes que nos ayudan a atenuar los golpes y que, por sobre todo, nos orientan a vivir en comunión sin pensar en el mal para prójimo.

Tenemos que combatirlos ferozmente y sin piedad en las urnas, no podemos permitir que estos rapaces tomen el poder para convertirlo en arma a beneficio de sus intereses.

Debemos dar la batalla cultural sin temor, tenemos que otorgar determinación a los ciudadanos para que puedan expresar sus ideas sin miedo alguno.

Los héroes de la patria están desmoralizados, disminuídos y desalentados. Se les castiga por hacer lo que deben hacer y cuando no lo hacen, también.
Vemos cómo le es más fácil al uniformado actuar mal que cumplir con su misión. Las precarias condiciones laborales, salariales y sociales, incrementan a diario el esfuerzo que nuestros héroes deben hacer por seguir cumpliendo con su deber constitucional.

Es ridículo que un policía que está arriesgando su vida a diario por todos nosotros, que está enfrentándose a los salvajes peligros del territorio nacional, tenga un sueldo de 1 ‘200.000. Esta es la principal causa de la corrupción dentro de la institución: una persona investida de poder y con baja remuneración es más propenso a usar éste para obtener beneficios particulares. Resulta mucho más fácil al uniformado actuar de esta forma, en detrimento de la institución y los ciudadanos, que conseguir un ascenso, un mejor salario o un reconocimiento verdadero por parte de la ciudadanía y el estado.

Debemos cambiar urgentemente la forma en la que se está tratando a nuestros héroes. Es imperante dignificar la labor y que los miembros sientan que vale la pena cumplir con su deber.  De esta forma, conseguimos que la incorporación sea vocacional e inspirada por la voluntad de defender el orden y la patria.

Es fundamental diseñar un paquete de acciones desde el congreso que permita dignificar la labor de nuestra fuerza pública ofreciéndole garantías y proyección en un futuro estable

Trabajaremos por dignificar el retiro de los uniformados y el bienestar de sus familias. Las esposas que pierdan a sus maridos deben tener asegurada su pensión y no esperar tiempos irrisorios para obtenerla, a sus hijos les aseguraremos el estudio en las instituciones de formación académica del país.
Tenemos que demostrarle al uniformado que si va a cuidar de la vida de los ciudadanos, el estado va a cuidar de la vida y el bienestar de su familia, aún cuando él no esté.
Vigilaremos la  efectividad y cumplimiento del Decreto 1795 de 2000 por medio del cual se establece el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para que cotizantes y beneficiarios no tengan que pasar tortuosas jornadas para acceder a sus servicios.

Todos los bachilleres y auxiliares en su tránsito por la institución, serán formados académicamente en técnicos y tecnólogos, con el SENA o instituciones privadas que hagan convenios con la policía.
Se buscará un convenio con la Universidad Militar y la Escuela Superior de Guerra para que quienes sigan la carrera en la fuerza ingresen inmediatamente a educarse en las áreas de interés para la institución.

Propenderemos por las garantías jurídicas a nuestros uniformados en el cumplimiento de su deber, que sean juzgados por el tribunal militar y no por la JEP que es un adefesio creado al acomodo de los guerrilleros para desprestigiarlos y tomar venganza. No es posible qué la institución abandone a sus hombres cuando estos ponen su pecho y corazón en contra del crimen y el desorden.

Cuando un grupo al margen de la ley trata de apropiarse el control de una zona del país, es menester del gobierno enviar toda la fuerza necesaria para reducirlos a su mínima expresión.
Las autodenominadas “primeras líneas” no son más que una organización al margen de la ley, financiada por las guerrillas, que tienen en su prontuaruio delitos como: sedición, instigación al terrorismo, concierto para delinquir, fabricación y porte ilegal de armas, y muchos otros más.
Perseguir de manera incansable a todos los grupos que, disfrazados de “actores sociales”, pretenden pasar por encima de la legalidad, propagando la desidia y la destrucción.
Todo acto criminal debe ser judicializado conforme la ley lo determina. No más desorden en la judicialización y persecución de estos terroristas. No puede haber choque entre autoridades nacionales y locales.

Se debe enviar en casos de alta peligrosidad a grupos policiales o militares encargados de antiterrorismo urbano, no es posible que el ESMAD siga poniendo el pecho ante bandidos que utilizan, bombas explosivas, y en diversas ocasiones armas de fuego para atentar en contra de la vida de los uniformados. 
¡No más desorden en las calles!

Retomar las tradiciones que nos han erigido como una gran nación es indispensable para proteger nuestro futuro.
La familia como célula fundamental de la sociedad tiene un objetivo superior y este es el de formar a nuestros niños y jóvenes. Niños y jóvenes que debemos proteger del desorden y las retóricas tergiversadas que nos quieren imponer, que deben ser guiados por la moral, por la razón, por la cordura. Ellos serán los ciudadanos productivos de nuestra nación, quienes mantendrán a flote la república, cualquiera que sea el área en la que se desempeñen.

El padre les brinda guía, seguridad y refugio mientras que la madre, con su dulzura y comprensión, les formará como grandes hombres. Es el matrimonio el que tiene como objetivo la procreación y formación de los niños que vienen al mundo, aunque a veces falle y sea menester llevar a los menores a hogares de paso.
No más desorden en los hogares transitorios. Estos deben ser dignos y aptos para la tutoría temporal de los menores y que sus procesos se simplifiquen para brindarles  la posibilidad de volver a un núcleo familiar dónde pueda alcanzar su desarrollo humano.

La legislación colombiana permite la adopción por parte de personas solteras o familias monoparentales y esto desdibuja la concepción de familia como institución y no brinda garantías totales para el desarrollo íntegro del menor en formación.
Si bien se busca la inclusión del niño a un núcleo afectivo, es fundamental que el menor cuente tanto con su padre cómo con su madre.

Es el menor y sus derechos los que deben imperar. Es el derecho del menor a tener un papá y una mamá algo que no se puede desconocer; y no los intereses particulares de individuos que buscan satisfacer sus necesidades afectivas con ellos; porque es del interés de la sociedad que éste sea formado de manera natural, que crezca sin traumatismos para que se desarrolle como un ciudadano y pueda cumplir su misión como en la vida.
¡El derecho es de los niños!

 

Lucharemos en contra de las legislaciones que atentan contra los principios familiares que buscan deshacer la autoridad en el entorno familiar ¡No podemos tolerar más desorden en nuestros jóvenes y para ello debemos trabajar desde el hogar. Proyectos como el que prohíbe a los padres de familia corregir a sus hijos, solo dan un paso más al libertinaje que se verá reflejado posteriormente cuando los niños se conviertan en  ciudadanos ejemplares, o no. El Estado no puede usurpar el derecho preferente que tienen los padres de educar a sus hijos.

 

Lucharemos a toda costa en contra de acciones que busquen atentar contra la vida de los miembros del componente familiar y en especial los niños. Pues muchas veces, gracias a las causales contempladas por la ley, se asesinan bebés maquillando la situación, como por un dolor de cabeza o falta de un dedito; y peor aún, se asesinan bebés para “solucionar” el delito inicial de la violación. ¿Quién dice que un delito se soluciona con otro delito? 
¡Por eso decimos un “no” impajaritable y rotundo al aborto!

Tenemos una deuda inmensa desde hace más de dos décadas con el sistema carcelario en Colombia, sobre todo en grandes ciudades cómo Bogotá. No tenemos dónde meter los presos, hay hacinamiento en todas las cárceles y esto acrecienta el  poco control y los riesgos de motines.


Debemos generar nuevos mecanismos cómo la creación de un nuevo regimen y un Programa Carcelario para Delitos Menores qué los sentenciados deban pagar su condena en lugares diferentes a la cárcel común con el fin de mitigar el hacinamiento. Impulsar los proyectos de eficiencia al aparato judicial para que los tribunales no dejen en libertad a criminales ya que por falta de centros de reclusión. ¡No puede ser una excusa!


Velaremos por el rápido cumplimiento las adiciones a la Ley de Seguridad Ciudadana que contempla que el Gobierno Nacional y las entidades territoriales del orden departamental, municipal y distrital puedan diseñar, construir, dotar, operar o mantener la infraestructura carcelaria o penitenciaria a través de esquemas de Asociación Público Privadas (APP); y que las cárceles departamentales y municipales puedan celebrar contratos para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada.

Es fundamental quitarle el monopolio de la “vigilancia” al INPEC y reestructurar completamente su existencia, ya que esta institución es una de las principales causas de corrupción dentro de los penales.

AQUÍ ESTOY YO POR BOGOTÁ

Soy Sergio D. Rodríguez, estudié economía y tengo 28 años.

Convencido de la verdadera libertad, apasionado por los animales, católico, reaccionario, de derecha, muy derecha y sin temor a decirlo.

A los 16 años ingresé al partido conservador y a los 26 me retiré decepcionado ante la ausencia de algo por conservar ya que todo lo que en su momento construimos como sociedad está siendo sujeto de tergiversaciones por parte de los enemigos de la razón.

Fiel seguidor de las tesis y el carácter de Alejandro Ordóñez, un hombre que ha demostrado con entereza que la moral cristiana y el Estado son amigos, se complementan y que no es sino juntos que se consigue el correcto manejo de la cosa pública.

Veo con preocupación la situación por la que atraviesan muchas regiones de Colombia y en especial Bogotá: una realidad de caos, desorden y desgobierno y precisamente esto, me llevó a presentar mi nombre para la Cámara de Representantes por Bogotá en el partido Centro Democrático, donde me abrieron las puertas para poder defender los principios y valores que he defendido siempre: familia, vida, el respaldo a nuestra Fuerza Pública, la consecución del orden a través de las buenas maneras de la sociedad y, por sobretodo, mantenernos en democracia y libertad.

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